La lucha contra la inseguridad ciudadana se mantiene como uno de los principales retos del Gobierno de Keiko Fujimori, que cumple sus primeros 100 días de gestión.
Frente al avance de las organizaciones criminales, las extorsiones y la violencia, el Ejecutivo apostó en este periodo por la creación del Comando Unificado contra la Criminalidad, una herramienta para coordinar bajo un solo liderazgo las intervenciones la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Poder Ejecutivo.
Para la jefa del Estado, desde su creación a inicios de octubre, el Comando Unificado logró golpear fuertemente a las bandas criminales que operan desde los penales.
La propuesta busca articular las capacidades de las instituciones estatales frente a las amenazas contra la seguridad pública. Pero ¿qué avances se han conseguido y cuales son los desafíos pendientes de la Presidente Keiko Fujimori?
Para el ministro de defensa, Rafael Belaúnde, los avances del Gobierno en la lucha contra la criminalidad ya se ven reflejadas en cifras y en medidas que se potenciarán a partir de las facultades concedidas por el Congreso.
Por su parte, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, consideró que el Comando Unificado Contra la Criminalidad puede ser una herramienta útil, aunque advirtió que su funcionamiento aún presenta restricciones.
Esta observación pone el foco en un aspecto clave: no basta con desplegar efectivos o realizar operativos. También se necesita reforzar la capacidad de inteligencia e investigación para enfrentar a las bandas criminales. Por ello, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó al Ejecutivo que el Ministerio Público sea incluido en el Comando Unificado Contra la Criminalidad.
Atentados contra el transporte público
Para la socióloga Lucía Dammert, el Comando Unificado puede contribuir a conocer mejor el fenómeno criminal, pero advirtió que exigirle al Gobierno resolver la criminalidad en sus primeros 100 días es bastante apresurado.
El gobierno de Keiko Fujimori recibió la seguridad ciudadana en una situación crítica, particularmente por la extorsión. Según el Ministerio Público, entre agosto de 2024 y mayo de 2026, hubo en promedio de casi siete muertes al mes por atentados contra el transporte público. Además, de acuerdo con la misma institución, solo entre enero y julio de este año se recibieron en promedio casi dos mil denuncias mensuales por extorsión.
En los primeros cien días de la actual gestión, se realizaron distintas detenciones en las calles, operativos en penales y en zonas donde opera la minería ilegal. Además, en colaboración con su par de Bolivia, la Policía logró la captura de Johnson Smith Cruz, cabecilla de la organización criminal Los pulpos. Sin embargo, en las calles continúan registrándose delitos de alto impacto, particularmente ataques extorsivos contra el transporte público.
Hacia el futuro, el reto sigue siendo reducir la incidencia de delitos graves y establecer indicadores claros que permitan conocer de forma objetiva cómo avanza la lucha contra la criminalidad. Todo con el objetivo de que los peruanos puedan sentirse seguros al salir a las calles.
