Los mineros ilegales dejarán de contar con la protección legal del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desde el próximo 1 de enero de 2027, siempre que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE), afirmó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.
En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, el titular del sector explicó que uno de los principales cambios de la iniciativa es eliminar la protección legal que actualmente tienen algunos operadores que, bajo la condición de informales, estarían realizando actividades de minería ilegal.
"El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales. No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen", señaló.
Shinno sostuvo que, una vez que deje de aplicarse esta protección, quienes desarrollen actividades ilegales podrán ser investigados por delitos como extracción ilícita de minerales y contaminación ambiental, además de otras actividades ilícitas.
"Si le cortamos esa protección legal a partir del primero de enero, ya van a poder ser investigados por extracción ilícita, contaminación al medio ambiente y otras actividades ilícitas que están cometiendo", manifestó.
El ministro remarcó que el régimen planteado por el Ejecutivo no representa una ampliación del REINFO, sino un nuevo mecanismo denominado régimen de consolidación, que tendría un periodo de 18 meses para avanzar en la formalización minera.
¿Cómo funcionará el nuevo régimen de formalización minera?
El titular del Ministerio de Energía y Minas indicó que la propuesta contempla simplificar los procedimientos para facilitar que los pequeños mineros y mineros artesanales puedan cumplir con los requisitos exigidos por el Estado, a través del régimen denominado de "consolidación", el cual, según Shinno, no es una continuación del Reinfo.
Según explicó, el proceso, además de permitir la fiscalización de los mineros, deberá considerar las diferencias entre las actividades de minería aluvial, que se desarrolla principalmente en la selva, y la minería filoniana o de socavón, característica de las zonas andinas. "Con un proceso mucho más simplificado sí podemos lograr que en 18 meses acabe la formalización", afirmó.
Shinno también defendió la creación de una nueva entidad, denominada Organismo de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), que se encargará de conducir el proceso de formalización y supervisión de la pequeña minería durante cinco años.
Esta institución asumiría las funciones que actualmente desarrolla la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas y, posteriormente, transferiría sus responsabilidades a los gobiernos regionales.
Gobierno plantea mayor fiscalización a las plantas procesadoras
Otro de los cambios que contempla el proyecto de ley MAPE es reforzar la fiscalización de las plantas de procesamiento de minerales, a las que el Gobierno considera un punto clave para controlar el origen del mineral y su trazabilidad.
El ministro indicó que entidades como OEFA, Osinergmin y Sunafil participarían en la supervisión de estas instalaciones, especialmente de aquellas que procesan 25 toneladas o más.
Asimismo, la iniciativa plantea que el Banco de la Nación abra cuentas corrientes a los mineros que se encuentren en proceso de formalización, con el objetivo de hacer seguimiento a sus operaciones financieras.
Shinno explicó que esta medida busca evitar que la falta de acceso al sistema financiero impida identificar el origen y destino del dinero que movilizan los operadores mineros.
El proyecto de ley MAPE fue presentado por el Ejecutivo ante el Congreso y deberá ser debatido en el Parlamento, donde ha recibido observaciones de representantes de los gremios de pequeña minería y minería artesanal.
